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12-9-2005

Un fallo contra una antena de telefonía celular alienta la esperanza de los vecinos

LOMAS: RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE FALTAS
Un Juzgado de Faltas de Lomas dictó una sentencia que obliga a la empresa Nextel a desmantelar una antena en Temperley. En otros barrios creen que la medida “puede sentar precedente” y esperan poder erradicar los artefactos del partido.

En las últimas horas, los grupos vecinales de Lomas de Zamora que luchan por la erradicación de las antenas celulares de las zonas urbanizadas vieron una luz de esperanza. Es que se dio a conocer que el lunes el Juzgado Municipal de Faltas Nº 1 dictó una sentencia por la cual “se intima la empresa Nextel a desmantelar la torre de telefonía ubicada en las calle La calandria 3246 de Temperley”, y por la cual también se la condena a pagar “35 mil pesos de multa”. Según el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, esta determinación de la justicia “debería extenderse a todas las antenas del partido”.
Entre los fundamentos más importantes que avalan el fallo, el juez Edgardo Kotler, titular del juzgado de Faltas, resaltó que la empresa Nextel “no ha ajustado su accionar a las normas”, ya que “no posee localización municipal aprobada ni la habilitación municipal que autorice la construcción y/o instalación de la antena”, al tiempo que consideró como agravante que siendo una empresa especializada en telecomunicaciones “cuenta con la infraestructura empresarial, técnica y profesional necesaria para ajustar su conducta la normativa legal vigente, que no puede desconocer”.
En este contexto y en el mismo documento, el magistrado aclaró que “la municipalidad resulta competente” para tomar esta determinación y argumentó que la legitimidad de su accionar está respaldada por artículos “de la Constitución Nacional”, “de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires” y “de la Ley Orgánica de las Municipales”.
Contando con el apoyo de las leyes en curso, Kotler reiteró que la actitud de la Comuna es “incuestionable” dado que tiene la facultad de desplega “su poder de policía”, lo que implica poder controlar cuestiones que afecten al “bien común” de la comunidad.
El magistrado señaló que en el caso de las antenas existe una ordenanza, la Nº 9783, que reglamenta la instalación de torres de telefonía y que la empresa inició los trabajos en La Calandria “con posterioridad a la sanción de la misma”. Por lo tanto, el juez consideró que “Nextel debería haber solicitado la pertinente localización municipal antes de construir la antena”.
“No puedo dejar de señalar que es norma corriente observar la desidia y el desinterés que se advierte en el accionar de las empresas en relación al cumplimiento de las normas municipales”, se quejó Kotler en el texto de la sentencia.
En este contexto, el presidente de la Asociación De Defensa de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano señaló que el fallo “no sólo sienta una jurisprudencia” para tratar el tema de las antenas de celulares, sino que “debería extenderse al resto de las torres de Lomas, que están fuera de toda reglamentación”.
“Todas las antenas del partido, sin excepción, fueron colocadas en contravención de ordenanzas municipales y de legislación vigente en la Provincia”, afirmó Bassano. Y sentenció: “Esta decisión que se tomó respecto al artefacto de La Calandria tiene que extenderse, porque las empresas tienen que cumplir con las leyes, aunque se vean obligadas a invertir”, consideró el abogado, al tiempo que advirtió que hay muchas antenas que “hace tiempo deberían estar desmanteladas y no lo están por cuestiones burocráticas”.
Bassano --quien asesora a por los menos cinco grupos vecinales de Lomas y Lanús en la lucha contra las torres—explicó que “en todo partido hay lugares donde se pueden poner las antenas, pero no se pueden colocar dentro de tejidos urbanos, menos donde hay una enfrente de la otra, lo que provoca que la región que abarcan sea un gran horno de microondas”.
Al amparo de este conocimiento, el abogado puntualizó que en el caso del artefacto de La Calandria “hay tres antenas más en una diferencias de cuatro o cinco cuadras”.
Si bien las empresas argumentan que no hay estudios que comprueben el efecto nocivo de los artefactos, para Bassano es la ley nacional 25.675 la que debe tomarse en cuenta ante la duda.
“En su artículo 4 la norma expresa que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información y certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas”. Lo que sucede es claro la relativización de los problemas responde a un negocio, negocio que no se fijan en las personas”, criticó.
Por último, el abogado llamó al Estado a reflexionar y a regular la actividad de las empresas de comunicaciones y aclaró que los vecinos no pretenden ponerse en contra de la tecnología sino exigir el cumplimiento de las normas.
“Con el pretexto de que las comunicaciones entran en el ámbito del control nacional, todas las empresas colocaron antenas sin los permisos municipales. Argentina debería regular la telefonía celular y obligar a las empresas que hagan las inversiones que corresponden. Acá no estamos diciendo que se erradique las antenas, sino que se las coloque donde corresponda y como debe ser”, concluyó.

 

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