“Los índices del Indec no son representativos de lo que le pasa a la mayoría de la población”, sostuvo el director de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, en diálogo con la 750.
Noviembre fue otro mes de aumentos generalizados. Si bien la difusión del dato de inflación (2,3 por ciento en octubre) muestra que los dígitos se mantienen estables, el transporte, las tarifas de servicios y los alimentos, áreas que golpean la mayoría de los bolsillos de la población, tuvieron aumentos significativos.
“El 68 por ciento de la población no gana más de 1.100.000 pesos, 1.200.000 con suerte, de ahí para abajo. La mayoría, más del 50 por ciento, no gana más de 700.000 pesos, después vienen los jubilados con 400.000 pesos”, repasó Bassano.
Desde hace casi 20 años ADDUC sostiene un relevamiento de precios de alimentos y artículos de limpieza en Gran Buenos Aires, Capital Federal y en ciudades grandes de Córdoba y Santa Fe. Sobre un muestrario total de 52 productos, los incrementos que registraron en el últimos mes son del 3 al 4 por ciento, dependiendo la localidad.
Pero la constante del estudio fue la dispersión: “Desde el año pasado vemos una gran dispersión de precios y cuando hay dispersión es porque se está cobrando cualquier cosa, ahí es cuando el comerciante baja precios porque no vende”, detalló Bassano en Branca de Vuelta.
A la buena de Dios
“Cuando hablamos de ingresos es importante tener en cuenta la teoría de la pobreza energética”, continuó el titular de ADDUC. La pobreza energética es un concepto que se utiliza en el mundo para hablar del acceso a servicios. Se estima que un usuario que gasta más del 10 por ciento de sus haberes en tarifas destina una excesiva parte de su salario al pago de los mismos por lo que peligra su acceso a la luz, agus y gas, considerados servicios escenciales.
“Sin embargo, en Argentina, se largan a hacer tres resoluciones criminales. La primera es la dolarización de la generación de las tarifas, la segunda es la creación del cobro mensual y una tercera, que es misteriosísima, que es el incremento por Índice de Precios al Consumidor, pero que es un IPC muy raro porque vamos a tener entre un 3 y un 15 por ciento de aumento de las tarifas que van a venir en noviembre”, explicó Bassano.
Sumado a esto, la quita de subsidios para quienes tengan un uso mayor a 350 kW en el caso de la electricidad o 100 m³ en el caso del gas. “Y no le agreguemos alquileres”, señaló el director de la Asociación de Consumidores.
Los efectos ya se ven. Según Bassano, un 20 por ciento de los usuarios de gas dieron de baja el medidor porque no lo pueden pagar. “En zonas críticas de menores ingresos la gente se engancha. Esto pasó entre el ‘16 y el ‘19 con situaciones de aumentos de tarifas. Hoy está la situación en ese nivel”, recordó.
Ante los reclamos, que en general se hacen de forma individual, las empresas responden con evasivas. Y las acciones colectivas encuentran su límite en la Justicia. “Los jueces no toman en serio este tema y lo toman como si fuera un tema de ganancia de las empresas y lamentablemente estamos frente a un producto muy necesario que es la luz y el gas o los alimentos. Hay un artículo en la Constitución nacional que ordena al gobierno que proteja al consumidor. Esto no está pasando”, concluyó.
