El Gobierno publicó la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que restablece el esquema de funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) bajo los principios de “transparencia, competencia y sustentabilidad”.
En los hechos, supone volver al modelo de desregulación y dolarización de los ‘90.
La medida implica el retiro gradual del Estado y de CAMMESA del rol de intermediario entre generadores y distribuidores, reinstalando los precios marginales como referencia central.
Se abandona así el sistema de precios administrados y subsidios que regía desde 2001.
Se crean dos figuras clave:
- Generación Asignada, con contratos bajo control estatal (nucleares, termoeléctricas, binacionales).
- Generación al Spot, integrada por las plantas que competirán libremente.
El nuevo esquema divide el mercado en dos: - Segmento estacionalizado: hogares, pymes, cooperativas, con energía regulada.
- Segmento desestacionalizado: grandes usuarios industriales, que podrán contratar directamente a precios libres en dólares.
Esto supone una dolarización plena de la generación eléctrica: los precios se determinarán según la última central que entra al despacho (la más cara), encareciendo todo el sistema y atando los valores al tipo de cambio.
Se habilita un Mercado a Término de Energía y Potencia, donde grandes usuarios y generadores pactarán libremente precios. También se crean Servicios de Reserva con remuneraciones en dólares: hasta USD 9.000 por MW-mes para nueva capacidad, un valor que promueve rentas extraordinarias.
Los principales beneficiarios serán las grandes generadoras privadas:
Central Puerto (16,5%), Pampa Energía (13,6%) y YPF Luz (9,3%), que concentran el 40% de la generación eléctrica nacional.
Según estimaciones oficiales, los grandes usuarios enfrentarán aumentos del 15 % anual en dólares, con picos del 35 % en invierno, lo que implicaría 785 millones de dólares adicionales de ingresos para el sector.
En paralelo, el impacto social será severo:
Entre diciembre 2023 y octubre 2025, las tarifas subieron 524 % para hogares y 570 % para pymes, mientras 2 millones de hogares perdieron subsidios eléctricos y 700 mil quedaron fuera del gas.
En síntesis, la “normalización” restablece la lógica rentista y dolarizada del sistema eléctrico, transfiriendo riesgos cambiarios a usuarios y debilitando la capacidad del Estado para orientar el desarrollo energético.
Una vuelta a los ’90 con nuevas formas de concentración y viejos resultados conocidos.
