Solicitada, suscrita por asociaciones de consumidores, asociaciones civiles, sindicatos y variadas organizaciones….
EL BOLSILLO DE LAS Y LOS ARGENTINOS NO SOPORTA OTRO AUMENTO DE TARIFAS
El conjunto de organizaciones de la sociedad civil organizada más abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación y expresamos nuestro rechazo a la propuesta de quita de subsidios, con el consecuente aumento en las tarifas de los servicios públicos de gas natural por redes y de energía eléctrica que se discutirán en las audiencias públicas a realizarse del 10 al 12 de mayo.
Señalamos que para determinar el valor de las tarifas es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad. Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino.
Desde el inicio de su presidencia, Mauricio Macri aplicó los tristemente célebres TARIFAZOS que consistieron en la dolarización de los precios del gas y la electricidad, en aumentos exorbitantes de los segmentos de transporte y distribución más la quita de subsidios estatales. Esto generó una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas.
¿Y los costos? “Me resisto a contestar esa pregunta”, dijo en agosto de 2016 ante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados el entonces ministro Aranguren cuando se le consultara por el costo de producción del gas en boca de pozo. Esta política generó que las energéticas multiplicaran sus ingresos hasta por veinte en el período macrista mientras el ingreso ciudadano se multiplicó apenas por tres.
Todas esas ganancias se generaron mientras se producía un fenomenal deterioro en el poder adquisitivo de las familias, en el entramado productivo PyME y en los niveles de actividad económica en general.
Y así seguimos hasta hoy, sin que el Gobierno pueda determinar los costos de producción y de generación de gas y electricidad, necesarios para poder establecer una política eficiente de subsidios. Sin embargo, las empresas del sector continuaron teniendo grandes ganancias durante la pandemia del Covid-19 que padecieron nuestro pueblo y los sectores productivos.
Es en este contexto llega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la cuestión de la energía es un capítulo central. En el Memorando de Políticas Económicas Financieras el Estado Argentino se compromete a una reducción significativa de subsidios. Pero no se aborda la cuestión de los costos ni de las ganancias extraordinarias del sector. Simplemente se expone la necesidad de recortar subsidios sobre la población, para que asumamos un mayor costo en nuestras tarifas.
El conjunto de las y los argentinos hoy nos vemos obligados a pagar una enorme deuda al FMI. Ese endeudamiento con el Fondo es el que utilizaron las
principales empresas del sector energético para formar activos en el exterior, siendo el segundo sector de la economía en girar divisas fuera del país, de acuerdo al informe oficial que emitiera en el 2020 el BCRA. Financiaron la fuga de capitales con el préstamo que hoy condiciona a la sociedad en su conjunto.
Es necesario que un área fundamental para el desarrollo de la vida como es el sector energético no concentre sus ganadores en un pequeño puñado de compañías, con millones de pobres con tarifas inaccesibles. Tampoco su alternativa es una excesiva cuenta de subsidios estatales. Sea el Estado por subsidio, o el ciudadano por tarifa, se debe pagar por la energía un valor razonable, con niveles de ganancias razonables. Y en el actual marco de restricciones externas, quienes más deben aportar es quienes están en mejores condiciones de absorber los impactos.
Sólo en este contexto se podrán equilibrar las cargas y poder compatibilizar el esfuerzo fiscal a través de los subsidios y el esfuerzo ciudadano con el pago de tarifas justas y razonables, donde las empresas del sector tengan ganancias igualmente justas y razonables y no las ganancias extraordinarias como las obtenidas durante los últimos años.
Por eso, exhortamos al Secretario de Energía, al Ministro de Economía y al Presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario que recaiga sobre la ciudadanía. Lo contrario significaría un retroceso en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos.
Dr. Osvaldo H. Bassano – Presidente ADDUC
